El dinero público garantiza en España el funcionamiento de la Iglesia, la impartición de la enseñanza de religión católica en todos los colegios, y la educación gratuita en un alto porcentaje de centros privados.
La Secretaría Federal de Libertades Públicas del PSOE recordó ayer que los Presupuestos del Estado aportan cada año más de 35 millones de euros para costear la retribución de obispos, clero y Conferencia Episcopal, al margen de la financiación prevista en la ley para este cometido. La Iglesia se nutre de la aportación libre de los ciudadanos a través de su declaración de la renta, sistema aprobado en 1988 por el Gobierno socialista de Felipe González.
Con ese modelo, vigente en la actualidad, la Iglesia recaudó 105 millones de euros en 2004, cuando un tercio de los contribuyentes decidió rellenar la casilla para ayudas a la Iglesia en su declaración de la renta. El Estado completó esos ingresos para cubrir las necesidades de la Iglesia ese año con una aportación de 33 millones.
El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido esa sobrefinanciación que se inició en el mandato de Felipe González y que continuó en los Gobiernos de José María Aznar.
El PSOE, a través de la Secretaría de Libertades Públicas que dirige Álvaro Cuesta, un diputado que propone cada año sin éxito que se elimine la sobrefinanciación por entender que no encaja en la Constitución, recordó ayer que en los dos últimos años, la Iglesia católica ha recibido seis millones de euros más que cuando gobernaba el Partido Popular.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero suple así con fondos públicos lo que no aportan los ciudadanos voluntariamente hasta completar aproximadamente el 25% de la asignación anual que administra la iglesia para los sueldos de curas, obispos y el funcionamiento de la Conferencia Episcopal.
Los ciudadanos que marcan la casilla de la iglesia en la declaración de la renta han caído del 40% a principio de los noventa al 33,46% en 2004.
Además de esta asignación directa, la Iglesia también recibe dinero público por otros conceptos que destina a su estructura educativa:
- Profesores de religión. Los acuerdos de 1979 entre la Santa Sede y el Gobierno establecieron que en España "la enseñanza religiosa será impartida por las personas que para cada año escolar sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza". La Iglesia pone los profesores y el Estado (las distintas Administraciones) paga los salarios. El coste público del profesorado de religión católica entre escuela pública (11.000 docentes) y concertada (22.000) alcanzó el curso pasado los 517 millones de euros.
- La enseñanza pública concertada. El Gobierno socialista de Felipe González fue el encargado de aprobar en 1985 el marco legal (Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación) de la enseñanza privada concertada (sostenida con fondos públicos salvo los gastos generales del colegio y los gastos de actividades extraescolares).
Este sistema consiste en que la Administración pública aporta fondos económicos al centro privado que sirve para asegurar que impartirá la enseñanza en condiciones de gratuidad, como en los colegios públicos. La aportación de los Presupuestos del Estado sirve para pagar los salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, y cubrir los gastos de personal de administración, servicios, mantenimiento y conservación del centro.
Los fondos de las distintas Administraciones públicas destinados en 2003 -último año del que existen datos- a la enseñanza concertada privada alcanza los 3.692 millones de euros. Entre el 60% y el 70% de los conciertos corresponden a colegios católicos. Entre 2.200 millones y 2.500 millones de euros de fondos públicos van destinados a conciertos con centros católicos. Estas cantidades han sufrido un incremento de al menos el 2% anual en los dos últimos ejercicios.
La comunidad que más dinero dedica de sus presupuestos (707 millones de euros al año) a los conciertos con colegios privados es Cataluña, gobernada por una coalición de izquierdas formada por PSC, ERC e ICV. Le sigue Madrid, donde el Ejecutivo del PP dedicó 492 millones de euros en 2003, y Andalucía, en la que los socialistas aprobaron un gasto ese año de 451 millones de euros para conciertos con colegios privados.
Este sistema obliga a la dirección de los colegios a aplicar un régimen de acceso y admisión en sus centros semejante al que se aplica a la enseñanza pública. El pago de los salarios lo efectúa directamente la Administración pública al profesor, que sólo puede ser despedido previo pronunciamiento del Consejo Escolar del centro, que también participará en la designación del director y en la contratación del profesorado.
Los conciertos tienen una duración de cuatro años renovables. En caso de que se no produzca la renovación, ésta decisión debe estar motivada por la Administración pública.
Para no renovar un concierto hay que demostrar que el centro subvencionado ha incumplido las obligaciones que asumió. Y para verificar ese incumplimiento, debe apreciarlo una comisión de conciliación en la que están representantes de la Administración pública, del Consejo Escolar y de la propiedad del centro.
De los 22.607 centros censados en España, 6.544 son privados y reciben subvención pública para impartir enseñanza gratuita. De los 8.420.000 alumnos matriculados el presente curso en toda España, 2,4 millones estudian en centros escolares privados concertados.
- Privilegios fiscales. El Gobierno español mantiene en vigor el acuerdo de asuntos económicos con la Santa Sede firmado en 1979 por el que aplica la exención en el pago del IVA para las adquisiciones a título gratuito u oneroso de objetos, bienes o derechos destinados al culto, así como del pago del impuesto de sucesiones o donaciones y transmisiones patrimoniales por los mismos conceptos. Ese privilegio fiscal exclusivo de la Iglesia se ratificó en una orden aprobada el 29 de febrero de 1988 que sigue hoy vigente.
En 1989, la Comisión Europea dirigió un escrito de queja por este privilegio fiscal y el Gobierno explicó que el acuerdo con la Santa Sede era anterior al ingreso de España en la CEE. Esta justificación quedaba invalidad por el acta de condiciones de adhesión, que obligan a cambiar la legislación que se oponga al Tratado. La queja se archivó aunque resucitó hace tan sólo un año como consecuencia de la iniciativa del eurodiputado radical Mauricio Turco.
La Comisión Europea recordó entonces al Gobierno español que el archivo de la queja presentada en 1989 fue debido a una situación coyuntural e insistía en que el privilegio fiscal del que goza la Iglesia católica en España vulneraba diversas normativas comunitarias.
El Gobierno socialista defendió el privilegio de la Iglesia al contestar en diciembre de 2004 a la Comisión Europea que no existía vulneración de las directivas comunitarias en la exención del pago de los impuestos a la Iglesia católica en España.
Pero en marzo de 2005, la Comisión Europea insistió con un requerimiento en el que consideraba que España no había tomado las medidas para hacer compatibles con el derecho comunitario las obligaciones del ámbito fiscal. Y concluyó: "El Reino de España está incumpliendo aparentemente las obligaciones que le incumben legalmente".
En la última contestación, el Ministerio de Economía y Hacienda defiende el mantenimiento de los acuerdos con la Iglesia y, por lo tanto, la exención en el pago de determinados impuestos. Y añade que modificar el sistema del IVA con la Iglesia implicaría un retroceso en el camino emprendido hacia la autofinanciación de sus necesidades. El Gobierno socialista ha pedido el archivo de la queja a la Comisión Europea y está a la espera de respuesta.
