¡Medio billón anual reciben del Estado la Iglesia y los colegios católicos!
No me importa si a la manifestación en defensa de los intereses de los propietarios de colegios privados, de las prerrogativas insoportables de la Iglesia católica y de un partido derrotado en las urnas y que sólo a través de ellas podría recuperar el poder, acudieron dos millones o cuatrocientas mil personas. Me da igual. No represntan más que a quienes representan. No vivimos en un régimen de plebiscitos, la antítesis de la democracia pues es el sistema de las dictaduras. Franco también "convocaba" a muchedumbres y en su velatorio miles de personas hicieron colas kilométricas. Lo que impresiona es la actitud que los mueve, el insulto y la intolerancia, la agresión verbal y la decalificación/demonización del contrario... terrible precedente de "la dialéctica de los puños y de las pistolas" que les llevó al asalto del poder en 1936 porque no supieron conquistarlo mediante las urnas. Ayer escuché la COPE durante un rato y me siento horrorizado. No es de recibo, es lenguaje, esas calumnias e insultos nada tienen que ver con la libertad de expresión. Es agresión pura y dura y sus responsables fundamentales son los propietarios de la cadena, de la que hemos leido al arzobispo de Sevilla, Card Amigo, decir entusiasmado que "la escucho todos los días y me gusta mucho". De estos polvos vendrán otros lodos, y de estos vientos, ojalá que la prudencia y la firmeza del gobierno y de la sociedad civil atajen el camino hacia las insoportables tempestades. Ni el país está para esas desgracias ni la UE lo consentiría. Ahora bien, lo que ya nadie pone en duda es la necesidad inaplazable para el gobierno de denunciar los Acuerdos con el Vaticano (que no Concordato) y la erradicación de esa práctica, única en el mundo, de que los colegios católicos y la Iglesia reciben más de 3.000 millones de euros anuales. ¡Medio billón de las antiguas pesetas! CON ESA SUMA SÏ QUE SE PODRIAN FORTALECER LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD en España. ¡Medio billón cada año a costa del erario público! Que lo sometan a referéndum y nos pregunten si queremos que esa suma enorme siga destinada al mantenimiento del clero (sueldos de cada obispo y de cada sacerdote diocesano, exenciones de impuestos etc etc) o que lo dediquen a mejorar la calidad de vida, la atención a los enfermos y a las personas mayores, a mejorar la dotación en número y remuneración del profesorado y de las instalaciones, al cuidado del medio ambiente, a facilitar viviendas dignas para todos los que las necesiten... con medio millón cada año se resolvían enormes problemas que contribuirían a la mejora de la calidad de vida más que una ideología que se ha mostrado incapaz de adaptarse a los tiempos y lograr que la sostengan sus adeptos y seguidores. Eso ha sido así porque hace mil setecientos años (313 d. JC) que decidieron olvidar que los primeros apóstoles, presbíteros y diáconos vivían del trabajo de sus manos. Pablo lo escribió varias veces " A mi sustento y al de los que me acompañan han provisto mis propias manos... a nadie he sido gravoso... ¡gálatas insensatos! ¿en qué os he sido gravoso? ¿No me he dedicado siempre a trabajar y a tejer tiendas etc?" ¿El rabino de Nazaret no trabajó durante más de treinta años como carpintero?
Causa pavor el ambiente de confrontación en el que el PP y la Conferencia Episcopal han metido a la sociedad española que no está tan crispada como pretenden y que confía más que ellos en las instituciones democráticas que nos hemos dada. En cuanto al viaje de la vicepresidenta del gobieno a la Secretaría de Estado del Vaticano, nada más lógico pues los Acuerdos con el Vaticano, como antes los Concordatos, no se firman con conferencia episcopal alguna sino con entre Estados. Olvidan lo que les conviene. Ahora bien, si los obispos se creen con patente de corso para actuar impunemente en las conciencias de sus seguidores (que se lo permiten) y para descalificar al resto de los españoles (que no se lo permitimos), el Gobierno del Estado español, elegido democráticamente por la mayoría de los ciudadanos, ha actuado dentro de la mayor finura política internacional al enviar a la segunda persona del gobierno para informar a la segunda persona del Vaticano. No importa de lo que hayan hablado, aunque hubiera sido del tiempo, en los usos de derecho internacional esa visita a semejante nivel sólo tiene un significado que el Vaticano pretendía alejar demorando al audiencia ¡más de un mes para recibir a una vicepresidenta del gobierno que mejor trato da a la Iglesia en todo el mundo! Ahora ya no hay obstáculos. El Gobierno español debe suspender los Acuerdos con el Vaticano, suspender el pago a los 3.000 profesores de religión nombrados por los obispos, los sueldos a los clérigos, es decir, adecuar nuestra legislación a la del resto de los países miembros de la Unión Europea que esige una y otra vez al gobierno que no exima de ciertos impuestos a las propiedades y transacciones de la Iglesia. (Me parece interesante leer la información que dio El País el sábado 12, intentaré colgarla en este blog) ¡Ya está bien!
Nesemu
(Por su interés y claridad adjunto este editorial de el País que suscribiríamso muchas personas)
"La elevada participación en la manifestación contra el proyecto de Ley de Educación (LOE) refleja la fuerte división social que suscita cualquier iniciativa legislativa sobre la enseñanza cuando roza, o se interpreta que roza, los intereses o privilegios de la Iglesia. También confirma la fuerte capacidad de movilización de las organizaciones católicas, que han invocado sobre todo la libertad de elección de centro por los padres y la libertad ideológica de los colegios, pese a que ni una ni otra se ven afectadas por la ley.
La LOE no introduce cambios significativos respecto a tales cuestiones. Todos los centros, públicos o concertados, se financian con presupuestos públicos. La Administración se limita a garantizar que esos fondos no se empleen por los centros de manera discriminatoria, por ejemplo en el proceso de selección de los alumnos. La Religión seguirá teniendo la consideración de asignatura optativa, aunque todos los centros estarán obligados a impartirla. Lo que sí cambia respecto a la ley del PP es que no será evaluable a efectos curriculares, lo cual es lógico tratándose de una materia impartida con criterios doctrinales. Los obispos han presionado siempre para que los alumnos que decidan no cursarla tengan que seguir otra asignatura evaluable, para evitar la deserción de las clases de religión por comodidad. Pero aceptar eso supondría reconocer a la Iglesia el derecho a regular la enseñanza de quienes decidan no cursar religión, lo que resulta difícil de aceptar en un Estado no confesional. La discusión sobre este asunto envenenó el debate sobre la Ley de Calidad del PP y fue uno de los motivos que impidieron consensuarla.
Algunos portavoces del PP se han quejado estos días de que el Gobierno estaba centrando la discusión sobre la asignatura de religión, cuando los motivos esenciales de divergencia son otros: la reducción de los contenidos comunes a todas las autonomías y los criterios pedagógicos, menos exigentes que los propuestos por la LCE en materia de repeticiones e itinerarios alternativos para quienes no demuestren aptitud suficiente. Lo cierto es que ese partido se ha sumado a una iniciativa esencialmente sostenida por organizaciones católicas y en torno a reivindicaciones invocadas desde hace años por la jerarquía eclesiástica.
Con todo, que exista un debate público sobre la educación es positivo, porque se trata de uno de los problemas más graves de la sociedad española actual. Así lo confirman estudios comparativos, como el demoledor Informe Pisa de diciembre de 2004, que sitúa a España a la cola de Europa, y el reciente de la Comisión Europea sobre fracaso escolar. La primera reacción de los políticos ante ese fracaso no ha sido buscarle solución, sino culpables: en el partido rival.
La educación es un tema tradicionalmente conflictivo entre la derecha y la izquierda. Pero que en este periodo democrático haya habido ya seis leyes con sus planes respectivos, ninguna de ellas consensuada, resulta desmesurado. Debería ser posible jerarquizar las divergencias y, por una vez, buscar un acuerdo sobre los asuntos sustanciales. Para ello, naturalmente, se necesitan varias condiciones. La primera es que el principal partido de la oposición renuncie a utilizar la reforma de la educación como artillería de calibre en su batalla para desgastar al Gobierno. Una esperanza ilusoria, vista la actual estrategia del PP en los grandes temas de Estado. Por otra parte, también resulta imprescindible que el Ejecutivo busque, más allá de los intereses de la Iglesia que el PP ha enarbolado de forma demagógica, puntos de acuerdo en una ley fundamental para el futuro del país.
2 comentarios
Rôvënty -
Eduardo -