Urge denunciar Acuerdos con el Vaticano, de 1979, por anacrónicos e inconstitucionales
Coincido con el editorial de El País, Estado no confesional, pero exijo la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede de 1979, por anacrónicos, sectarios, injustos e inconstitucionales.
El Gobierno trabaja en algunas reformas legales que por afectar al tema siempre sensible de la religión, comienzan a suscitar reticencias en sectores sociales y políticos influenciados por la Iglesia católica. Son reformas que en la mayoría de los países de la Unión Europa fueron abordadas en su momento incluso por partidos conservadores y que podrían serlo en España por el PP si este partido no se hubiera revelado en su práctica de gobierno escasamente autónomo y en exceso dependiente de las posiciones de la Iglesia, en especial en materia educativa y en temas de moral y costumbres.
La reforma de mayor alcance es la que afecta a la Ley de Libertad Religiosa que rige en España desde 1980. El Gobierno se ha inclinado, de manera poco justificada, por modificar esta norma y mantener intactos, en cambio, los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que son los que han ofrecido hasta ahora una base jurídica a las posiciones confesionales. Desde la entrada en vigor de la ley, y gracias a esos acuerdos, el modelo de relaciones ha estado escorado de manera ostensible, y a veces jactanciosa, a favor de la Iglesia católica, hasta consolidarla en una situación de privilegio que no se justifica dada la presencia de otros credos...
No hace falta entrar en el debate un tanto absurdo e interesado de si el Estado aconfesional es o no también laico para convenir en que el actual Estado español no tiene religión oficial y que, por tanto, debe ser religiosamente neutral. Y aunque pueda aceptarse, como ha dicho el cardenal Rouco Varela, que "el crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de España", sin olvidar su imposición en largos periodos por la fuerza e incluso la persecución, ello no autoriza a convertirlo de manera encubierta en símbolo confesional de un Estado que, constitucionalmente, está obligado a respetar todas las simbologías religiosas y a no tener ninguna.
Tampoco pueden utilizarse los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 como coartada para pasar por encima de la Constitución y las leyes que la desarrollan, como una vez más han hecho algunos obispos ante la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. La Iglesia persiste en blandir esos acuerdos en contra de la Constitución, consciente de que el Gobierno ha limitado su capacidad de respuesta al comprometerse a no denunciarlos".
Pero el Gobierno debe escuchar la opinión de los ciudadanos en un tema de la mayor importancia porque afecta a los Presupuesto Generales del Estado conformados en su mayor parte por las aportaciones e impuestos de los ciudadanos, sean ateos, agnósticos, librepensadores o simpatizantes con otra tradición religiosa.
En Francia hace más de un siglo que lo han conseguido, y en otros muchos países también. Viven tan felices sin soportar las intromisiones de una ideología respetable pero que no puede tener "patente de corso" en temas como la Educación para la Ciudadanía, el mantenimiento del clero, la interrupción voluntaria del embarazo, las opciones y relaciones sexuales, la eutanasia, la fecundación, los estudios científicos y un enorme etcétera apoyado en su pretensión de infalibilidad, única verdad, y garante de todas las expresiones éticas, que confunde, torticera y alevosamente, con su moral.
Un país libre, justo, solidario, laico y responsable de sus actos bajo una Ley general de libertad.
J C Gª F
1 comentario
pau -
Debería no serlo. En todo caso es todo lo sensible que quiera el interlocutor del momento, la administración.
No es tan difícil su solución. Estas cosas, ya que hay un concordato por medio y la posible voluntad del ciudadano, se arreglan a golpe de referéndum. Para que no salga demasiado caro debería aprovecharse una consulta electoral o aunar las preguntas en un día determinado, como hacen en Suiza.
Un saludo.