Actitud cerril y excluyente de los obispos españoles
Los Obispos llaman a cerrar filas contra la Educación para la ciudadanía. He leido algunos de los textos de esa asignatura y escuchado a sus autores. Me parece aberrante que se puedan objetar desde esa óptica ideológica en una sociedad libre, democrática y madura. La patológica obsesión de los obispos con el sexo asombra cuando en esa misma asignatura no hacen aportación alguna a los temas de justicia social, de libertad de pensamiento y de responsabilidad personal. Ellos que representan a una institución en la que se han dado muchísimos casos de perversión y de corrupción sexual de menores. Ellos que pretenden vivir a cuenta de un Estado no confesional. Ellos que causan escándalo en personas sensatas que admiran y respetan la persona, la vida y las enseñanzas de Jesús. No tienen derecho a esa agresividad excluyente y vejatoria. Es hora ya de que el Gobierno, que nos hemos dado libre y democráticamente los españoles, denuncie a todos los efectos los obsoletos Acuerdos con el Vaticano. Recomiendo la lectura de la crónica de Juan C. Bedoya, de la que extraigo el texto de apoyo:
"El Estado financia a los colegios católicos concertados -2.375 centros en 2006-, con algo más de 3.000 millones de euros anuales. No es pequeña cantidad, pero los obispos la creen insuficiente. Opinan que sus servicios a la sociedad merecen mejor pago. El dinero lo administran las congregaciones religiosas, propietarias de unos colegios que educan este curso a 1.368.237 alumnos. En algunas comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por nacionalistas con tinte democristiano, la mitad de la enseñanza primaria y secundaria está en manos de religiosos.La Conferencia Episcopal -que recibe también fondos estatales para sueldos de curas y obispos- se toma la contabilidad de la escuela católica como propia. Las congregaciones están a las órdenes y las opiniones de cada prelado en su diócesis. Como dice el documento "La Escuela Católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI", cada colegio católico es una prolongación de la parroquia y tiene como misión la evangelización del alumnado.Se trata de un emporio educativo impresionante, que se prolonga con fuerza creciente en el nivel universitario. Pero los obispos se creen amenazados. Ven por todas partes obstáculos legislativos y, además, asisten impotentes al vaciamiento de muchas congregaciones religiosas tradicionales en el sector -escolapios, jesuitas, agustinos, salesianos, teresianas, esclavas-, que pierden efectivos por falta de vocaciones y se ven obligadas a dejar en manos de gerentes y profesores laicos la dirección y el desarrollo de sus colegios.Los problemas de la escuela católica son, por tanto, consecuencia de la crisis global del catolicismo español. Acostumbrada a un monopolio de siglos en la enseñanza, por dejación de los Gobiernos o por imposición de dictaduras que ella misma había contribuido a instalar en el poder, la Iglesia católica española echa de menos el florido pensil de la educación del pasado, todopoderosa y de asfixiante y ridículo rigorismo tridentista, además de la única existente en muchas grandes poblaciones.La repulsa del cardenal Cañizares y del jesuita Martínez Camino por la asignatura Educación para la Ciudadanía tiene que ver con esa pérdida de poder e influencia. Quitándole al Estado derecho alguno a intervenir en la educación de los ciudadanos, parecen añorar precisamente lo que echan en cara al Gobierno socialita. Es decir, el monopolio eclesiástico que fue en tiempos no lejanos la educación de las conciencias y la formación del espíritu nacional en un régimen sin constitución, sin democracia, sin libertad religiosa -salvo para una sola religión, la del Estado de entonces- y sin derechos humanos.Los obispos no se oponen a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Se oponen a que no sean ellos los encargados de seleccionar a los profesores que la impartan, por supuesto contratados y pagados por el Estado".
"El Estado financia a los colegios católicos concertados -2.375 centros en 2006-, con algo más de 3.000 millones de euros anuales. No es pequeña cantidad, pero los obispos la creen insuficiente. Opinan que sus servicios a la sociedad merecen mejor pago. El dinero lo administran las congregaciones religiosas, propietarias de unos colegios que educan este curso a 1.368.237 alumnos. En algunas comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por nacionalistas con tinte democristiano, la mitad de la enseñanza primaria y secundaria está en manos de religiosos.La Conferencia Episcopal -que recibe también fondos estatales para sueldos de curas y obispos- se toma la contabilidad de la escuela católica como propia. Las congregaciones están a las órdenes y las opiniones de cada prelado en su diócesis. Como dice el documento "La Escuela Católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI", cada colegio católico es una prolongación de la parroquia y tiene como misión la evangelización del alumnado.Se trata de un emporio educativo impresionante, que se prolonga con fuerza creciente en el nivel universitario. Pero los obispos se creen amenazados. Ven por todas partes obstáculos legislativos y, además, asisten impotentes al vaciamiento de muchas congregaciones religiosas tradicionales en el sector -escolapios, jesuitas, agustinos, salesianos, teresianas, esclavas-, que pierden efectivos por falta de vocaciones y se ven obligadas a dejar en manos de gerentes y profesores laicos la dirección y el desarrollo de sus colegios.Los problemas de la escuela católica son, por tanto, consecuencia de la crisis global del catolicismo español. Acostumbrada a un monopolio de siglos en la enseñanza, por dejación de los Gobiernos o por imposición de dictaduras que ella misma había contribuido a instalar en el poder, la Iglesia católica española echa de menos el florido pensil de la educación del pasado, todopoderosa y de asfixiante y ridículo rigorismo tridentista, además de la única existente en muchas grandes poblaciones.La repulsa del cardenal Cañizares y del jesuita Martínez Camino por la asignatura Educación para la Ciudadanía tiene que ver con esa pérdida de poder e influencia. Quitándole al Estado derecho alguno a intervenir en la educación de los ciudadanos, parecen añorar precisamente lo que echan en cara al Gobierno socialita. Es decir, el monopolio eclesiástico que fue en tiempos no lejanos la educación de las conciencias y la formación del espíritu nacional en un régimen sin constitución, sin democracia, sin libertad religiosa -salvo para una sola religión, la del Estado de entonces- y sin derechos humanos.Los obispos no se oponen a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Se oponen a que no sean ellos los encargados de seleccionar a los profesores que la impartan, por supuesto contratados y pagados por el Estado".
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