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J. C. García Fajardo

Buscar un techo para los vagabundos

En las grandes ciudades de los países más ricos ya no es frecuente ver a mendigos pidiendo limosna por las calles. Es lo correcto en una ciudad bien administrada. Los ciudadanos pagamos impuestos para que funcionen las instituciones sociales: albergues, centros de desintoxicación y de lucha contra el alcoholismo, hospitales, asilos, comedores y centros de día para personas mayores y para las que necesitan ayuda por sus circunstancias  personales. Pero un problema que permanece es el de las personas sin hogar, o vagabundos que duermen en soportales entre cartones. Muchos son enfermos mentales que, desde que la medicina moderna ha cerrado con razón los antiguos manicomios, no siempre han organizado centros de atención adecuada para estas personas que necesitan ayuda y que han  huido de sus casas. También llegan a esta situación personas vencidas por la vida y que se perdieron por los infiernos de la droga, del alcohol o del abandono personal hasta no poder tomar decisiones por ellos mismos. Su número se ha incrementado con inmigrantes sin papeles y sin trabajo, enfermos y derrotados, que tratan de esconderse en las sentinas de la noche. También hay antiguos presos que no han logrado reinsertarse, y vagos que han destrozado a sus familias y que no han sido capaces de  reorganizar sus vidas.
No hay que hacer especulaciones impropias en sociedades democráticas que defienden los derechos humanos para todos y que tienen que arbitrar los medios posibles para estas situaciones. Antes, a estas personas las socorrían personas de buen corazón, organizaciones religiosas o altruistas que no ponían remedio duradero sino que trataban de aliviar las necesidades que podían. Se trataba de un asistencialismo bien intencionado pero peligroso por la dependencia que creaba en los menesterosos, y por un cierto alivio de las conciencias en quienes pensaban que no se podía hacer más.
Hoy eso no es de recibo porque lo que se debe en derecho no se ha de recibir por caridad ni por lástima.
Desde hace unos años, voluntarios sociales han tratado de aliviar esas situaciones pero con el peligro de convertirse en ese asistencialismo que crea dependencia porque no ataca los problemas en su raíz. En algunos casos se ha llegado a situaciones tan absurdas como organizarles visitas a museos o a exposiciones.  También les organizan encuentros deportivos y han llegado a constituir competiciones de fútbol entre ciudades y hasta entre personas sin techo de diversos países. El colmo es haber leído y escuchado defender “el derecho al ocio” de estas personas. Como si no tuvieran otros derechos y obligaciones más perentorios.
Frente a estas situaciones, en muchas ciudades de Europa los organismos del Estado han provisto a sus necesidades recogiendo a los mendigos, llevándolos a centros de acogida para estudiar cada caso: unos son tratados de sus enfermedades, a otros se les facilitaba el ingreso en instituciones adecuadas, otros son incluidos en programas de desintoxicación, o se les busca una ocupación proporcionada a sus capacidades. Pero no se les permite deambular por las calles, arrastrando inmundicias, revolviendo en contenedores, haciendo sus necesidades en jardines y en esquinas, y hasta haciendo fuegos de ocasión para calentar sus pobres alimentos.
No se concibe que estas personas puedan estar en esta situación por ellas mismas, en primer lugar, y por el derecho del resto de los ciudadanos a mantener un entorno limpio, seguro y habitable.
Las autoridades de Madrid preparan una ley para abordar estos problemas con el preceptivo debate y posterior aprobación por el Parlamento. Y salieron a la palestra voces que sostienen que ninguna autoridad puede obligar al traslado contra su voluntad de prostitutas, mendigos y toxicómanos. Según este planteamiento, a quienes no les guste pagar impuestos que no los paguen, que circulen por donde les dé la gana, que no respeten las leyes, que pasen los cursos sin examinarse, que no respeten las reglamentaciones de los hospitales y un inmenso desvarío que echaría por tierra esta sociedad de los derechos y de las libertades inconcebible sin los correspondientes deberes y obligaciones.
Lo mismo acaba de suceder en Nueva York. Su alcalde quiere afrontar este problema y explicó ante la National Alliance to End Homelessness que el propósito de la acción de su gobierno es llegar a los vagabundos y ofrecerles ayuda.
Para evitar excesos y salvaguardar derechos están las instituciones democráticas del Estado de Derecho, las organizaciones de la sociedad civil para cooperar en donde no alcancen aquellas, y los medios de comunicación sensatos para seguir las actuaciones e informar a la opinión pública que sabrá presionar y controlar a los políticos. Lo que no es de recibo es ver a niños mendigando por las calles, o a personas enfermas, alcoholizadas, drogodependientes o prostituyéndose y deteriorándose hasta extremos inhumanos. Los derechos y libertades de los ciudadanos tienen sus límites y sus contrapartidas para poder seguir ejerciéndose y disfrutándose. Aquellas personas que no sean capaces de valerse por sí mismas han de ser ayudadas para que puedan llevar una vida digna, en las mejores condiciones posibles sin que pueda primar su criterio o su falta del mismo para integrarse en una sociedad que ofrece servicios y que exige el cumplimiento de las normas. Bienvenidos al debate pero sin caer en simplismos degradantes cuando no peligrosos. Nosotros seguiremos desde el CCS este debate informando como es preciso.

 José Carlos Gª Fajardo

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1 comentario

Charles Michaelson -

Urge crear los servicios sociales necesarios para poder atender a esas personas y que puedan salir de la calle. La pregunta importante es si las autoridades pueden recoger a estas personas si no hay adónde llevarlas.
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