Equiparable a la universalidad de la Sanidad, de la Educación y de las Pensiones
Me parece tan impresionante y progresista la nueva Ley sobre Dependencia que la equiparo a la extensión universal de la sanidad, a las pensiones para todos y a la educación obligatoria y gratuita. Adjunto la entrevista al Ministro de Trabajo en la parte que se refiere a este tema. Creo que estos son los temas concretos que deben ocupar nuestra atención porque demuestran que lo necesario es posible cuando se actúa con una visión adecuada y justa.Nesemu El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, responde a las preguntas cuando hace menos de dos horas que ha terminado el Consejo de Ministros donde ha presentado su Ley de Dependencia, un proyecto que él equipara con la universalización de la sanidad.
Pregunta. ¿Cuál es el coste de su Ley de Dependencia? Respuesta. Antes de hablar del coste, creo que lo importante es recordar a los ciudadanos que se les reconoce un nuevo derecho. En el ámbito social es la ley más importante de esta legislatura y, en mi opinión, de los próximos años. El ciudadano dependiente, el que no puede valerse por sí mismo, va a poder acceder al conjunto de prestaciones que garantizará el Estado. Es un derecho igual y universal en todo el territorio. Tendrán acceso a ella los españoles que estén afectados de dependencia y se decidirá con un baremo estatal único y mediante unos equipos de valoración especializados. Es un avance muy notable, desde 1990, con el reconocimiento de las pensiones no contributivas, no se había producido el reconocimiento de un nuevo derecho social.
P. ¿El PP no hizo nada? R. Yo constato que los avances sociales se han producido en los años ochenta con un Gobierno progresista y ahora nuevamente. La arquitectura del sistema, además, se corresponde exactamente con el programa electoral.
P. Bueno, ¿pero cuál será el coste del sistema? R. Para 2015, cuando esté completado, rondará el 1% del PIB actual, unos 9.000 millones de euros. Eso representa un salto impresionante. Ahora el gasto en dependencia está en el 0,18% del PIB, menos de 2.000 millones. Para alcanzar el objetivo, el Estado y las comunidades autónomas cubrirán a medias 4.000 millones extra. El resto será aportado por el usuario, hablamos del 30% o el 35%.
P. ¿Es necesario que pague el usuario? R. El sistema es de todos y también debe participar el usuario con sus recursos; ocurre en todos los países europeos avanzados. Ahora la clase media está excluida de cualquier sistema de ayudas porque únicamente disponemos de un sistema nacional de dependencia embrionario que prácticamente solo cubre a los que tienen menos recursos. Y queremos que nadie quede sin atender. Pero para que sea viable el sistema, es evidente que tiene que haber una participación del usuario, de acuerdo siempre con su renta y patrimonio, y siempre que esa aportación no suponga privación de recursos para el resto de gastos necesarios.
P. ¿Lo van a hablar con las comunidades autónomas? R. Mucho y una a una. Además, antes de que el texto se convierta en proyecto de ley, habrá una conferencia sectorial. No concibo que una comunidad autónoma quiera quedarse excluida, me parecería muy grave, no atenderían a sus ciudadanos.
P. ¿De dónde procederá el dinero para financiar este esfuerzo? R. Tiene que venir de la selección de los objetivos presupuestarios. El Estado lo va a financiar a través de los Presupuestos Generales. A la ley le acompañará una memoria económica en la cual comprometeremos un gasto cada año. No hay que olvidar que el derecho es progresivo, se va desarrollando poco a poco, hasta completarlo en 2015.
P. ¿Será sumible ese coste aún pagando un sueldo a los cuidadores familiares? R. No es un sueldo, sino una ayuda. La ley regula tres posibles vías para atender a las personas que no pueden valerse por sí mismas. La primera y más importante corresponde al apartado que engloba los servicios domiciliarios, centros de día o residencias. La segunda vía consiste en que, donde no llegue la red pública, se asigne ayuda para comprar el servicio en el mercado. Y la tercera, es la ayuda para prestar el servicio en el seno familiar. En este caso, estamos pensando en las mujeres que no desarrollan una actividad laboral por cuenta ajena porque están cuidando a familiares. Sería injusto que no pudieran tener ayuda. La ley establece que, en función del grado de dependencia de su familiar, estas personas reciban una ayuda, cuya cuantía se especificará en los decretos de desarrollo. La formación del cuidador y el alta en la Seguridad Social también se financiará con cargo al Estado. De este modo, garantizamos la posibilidad de tener acceso a una pensión. Creo que esto es bastante justo para el cuidador, además de que permite a la persona dependiente mantenerse en su entorno familiar.
P. ¿Cuántos cuidadores habrá? R. Dependerá. Para 2015, cuando esté en pleno desarrollo la ley, podría haber entre 300.000 y 400.000 personas que reciban ayuda por atender a sus familiares dependientes. También tendremos 275. 000 plazas de residencia (casi tres veces más que ahora) y 104.000 plazas en centros de día (ahora prácticamente no hay). El modelo de cuidador será al principio más común y en el futuro menos. Con el tiempo se irá hacia una profesionalización del sistema.
P. ¿Cómo se contabilizan los cuidadores a efectos de población activa? R. Se cuantificarán como ocupados.
P. Eso reduce el paro. R. Bueno, lo que hace es aumentar la ocupación. En términos de PIB, este trabajo debe estar reconocido e incorporarse a los parámetros de medición. La familia ha sustituido durante siglos a las instituciones públicas en esa tarea, eso es lo que queremos cambiar. Todos los estudios apuntan a que es una inversión productiva, que genera empleo y mejora la productividad y la tasa de crecimiento. En consecuencia, esta inversión tiene una tasa de retorno importante: por cada euro que inviertes puedes recuperar entre 0,3 y 0,7 euros.
P. ¿Van a poder beneficiarse los residentes extranjeros? R. No, sólo está dirigido a los ciudadanos españoles, y en el caso de los comunitarios, únicamente si hay un convenio por el que su país abone el servicio. Nosotros pedimos a los españoles que paguen, es lógico que lo hagamos con los comunitarios y más aún cuando no han contribuido en España. Y respecto a los inmigrantes, se procederá de acuerdo con la legislación de extranjería: si llevan aquí un tiempo trabajando pagando impuestos y aportando sus cotizaciones a la Seguridad Social, lo lógico es que puedan disfrutar ese derecho.
P. ¿No teme la protesta por el hecho de que los inmigrantes sin papeles se queden sin una prestación que en principio se presenta como universal? R. Como universal, pero sometida a los requisitos indicados, como ser español o estar legalmente en España. No tengo ningún temor. Si están legalizados, contribuyen al sistema y llevan un tiempo de residencia en España (que ya fijaremos) tendrán derecho. Pero si una persona está irregularmente, no. Y los ciudadanos europeos sólo podrán acceder si hay un convenio con su país. El hecho de que exista un derecho universal no quiere decir que sea exigible en cualquier momento y condición.
P. ¿Tiene pactada la ley? R. IU y ERC comparten plenamente la filosofía y le han dado un contenido progresista. Este es un gran proyecto de las izquierdas, pero para todo el país. Queremos que se incorporen todos. Hay otros partidos dispuestos a sumarse. Y no descarto que el PP se incorpore. Si alguien quiere quedarse fuera tendrá que explicarlo, nosotros ofrecemos el consenso, lo hemos logrado en la discapacidad, con los agentes sociales y con la gran mayoría de los grupos parlamentarios.
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