Nesemu: No estamos en guerra mundial alguna
No estamos en guerra mundial alguna
Estamos ante la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra contra el terrorismo. Y entonces en una guerra hay que crear situaciones extremas. Y soy contrario, como es natural, a la pena de muerte. Pero cuando el riesgo que se pretende evitar es mayor o puede producir la muerte de inocentes, la evitación del riesgo me parece oportuno. Esta aberración jurídica ha sido propuesta por presidente del Consejo General del Poder Judicial de España, Francisco José Hernando.
Es muy fuerte sostener que estamos en plena guerra sin que ningún país la haya declarado. No existe estado de guerra si no la sostienen los Estados soberanos, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos, y si no participan los ejércitos. Podría tratarse de una exageración o de una licencia verbal pero no es el caso cuando se trata de la más alta magistratura jurídica del Estado español, ante la que ceden el paso todas las demás, incluida la Jefatura del Estado. Estamos en un Estado de Derecho, no en tiempos del absolutismo monárquico, o en plena dictadura militar o ideológica. Un Estado que forma parte de la Unión Europea regido por Leyes que garantizan la seguridad jurídica que caracteriza al auténtico Estado de Derecho, junto con la distinción de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.
Desde 1215, en la Carta Magna, otorgada por Juan Sin Tierra a los Barones de Inglaterra, se establece el Habeas Corpus, es decir la presunción de inocencia, que nadie pueda ser condenado sin ser juzgado, que nadie pueda ser detenido sin mandamiento judicial, que nadie pueda ser torturado. Esto lo sabe el Presidente del Tribunal Supremo español. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se le ha calentado la boca, como se le calentaron las neuronas al policía británico que descerrajó siete balazos en la cabeza de un inocente inmigrante brasileño. Siete balazos en la cabeza de un hombre, previamente derribado en tierra por otro disparo, es ensañamiento propio de un sádico que tiene que ser apartado del servicio policial porque es indigno de portar armas. Por supuesto, después de ser juzgado y de responder civil o criminalmente por su actuación desmedida él y sus mandos.
No estamos en estado de guerra mundial, si así fuese, regirían las Convenciones de Ginebra y de Varsovia, los Tratados Internacionales establecidos y la actuación de la Cruz y de la Media Luna rojas. Estamos en un estado de shock emocional alentado por las palabras insensatas de los gobernantes y de los políticos. Causa espanto escuchar en los medios de comunicación a dirigentes de la Casa Blanca y al propio Blair, o a Putin y a Aznar. No es lícito tirar a matar y después preguntar. Todos somos inocentes mientras no se demuestre fehacientemente lo contrario. No le es lícito al Estado utilizar los medios terroristas, armas de destrucción masiva o desproporcionadas. No vale todo con el pretexto de salvar a inocentes. No rige la Ley de la selva, la ley del más fuerte y más despiadado. No podemos imitar al Juez de la horca, Roy Bean, que la movía a su antojo al oeste del río Pecos.
El abuso de expresiones como guerra contra la droga, contra el hambre o contra el terrorismo puede inducir a un equívoco fatal pues los espacios se definen por sus contenidos y las cosas por sus nombres. No puede darse una guerra nada más que entre ejércitos sometidos todos a las normas establecidas. El que las quebrante será tratado como criminal de guerra ante los tribunales adecuados, entre ellos, el Tribunal Penal Internacional que no reconocen ni EEUU, ni Rusia ni India ni China ni Israel, entre otros países en los que se está sacralizando el uso de la fuerza cuando es en defensa de "sus intereses". Es el planteamiento maquiavélico que ha sostenido a todo los poderes violentos, injustos y extremos: "no le faltarán al Príncipe razones para justificar sus crímenes... pues la fuerza es justa cuando es necesaria" Lo grave es que la necesidad viene decidida por los intereses y la arbitrariedad del que manda.
La reacción de la opinión pública contra las palabras de Presidente del Tribunal Supremo de España ha sido clamorosa. No hay que olvidar que el ex presidente Aznar sostiene que todos los terrorismos son iguales y que la única vía es exterminarlos sin capacidad de diálogo alguno. Por el medio que sea. Esto es totalitarismo propio de regímenes injustos y antidemocráticos en los que al opositor, al disidente, se le consideraba representante del Mal contra el Bien que creen representar¡ los que detentan el poder. Los enemigos lo eran por razones ideológicas de raza, estamento social, religión o cualquier otro fundamentalismo.
Pero eso ocurría en la Alemania nazi, en la URRS y en la China de Mao, en el Estado de Israel o en Camboya, en la Sudáfrica del apartheid o, desgraciadamente, en las colonias explotadas por Portugal, Bélgica, Francia o Gran Bretaña. Lo que no nos podíamos imaginar es que en las antiguas naciones en donde se acuñó y desarrolló el sistema político garante de los Derechos Humanos Fundamentales se propagase este especie contaminadora del tiro en la nuca sólo por razones de rasgos físicos o por la falacia de que el orden y la seguridad se pueden anteponer a la Justicia y al Derecho. Existen otros medios y otras estrategias más amplias y que comienzan por preguntarnos por las motivaciones de esta creciente plaga terrorista, algunas de las cuales podemos remover y reparar las injusticias cometidas, entre otras las ocupaciones y explotación de sus tierras, costumbres y riquezas. Después, que caiga el peso de la ley sobre los culpables con todas sus consecuencias pero sin conculcar los principios que inspiran a un auténtico Estado de Derecho.
José Carlos Gª Fajardo
Estamos ante la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra contra el terrorismo. Y entonces en una guerra hay que crear situaciones extremas. Y soy contrario, como es natural, a la pena de muerte. Pero cuando el riesgo que se pretende evitar es mayor o puede producir la muerte de inocentes, la evitación del riesgo me parece oportuno. Esta aberración jurídica ha sido propuesta por presidente del Consejo General del Poder Judicial de España, Francisco José Hernando.
Es muy fuerte sostener que estamos en plena guerra sin que ningún país la haya declarado. No existe estado de guerra si no la sostienen los Estados soberanos, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos, y si no participan los ejércitos. Podría tratarse de una exageración o de una licencia verbal pero no es el caso cuando se trata de la más alta magistratura jurídica del Estado español, ante la que ceden el paso todas las demás, incluida la Jefatura del Estado. Estamos en un Estado de Derecho, no en tiempos del absolutismo monárquico, o en plena dictadura militar o ideológica. Un Estado que forma parte de la Unión Europea regido por Leyes que garantizan la seguridad jurídica que caracteriza al auténtico Estado de Derecho, junto con la distinción de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.
Desde 1215, en la Carta Magna, otorgada por Juan Sin Tierra a los Barones de Inglaterra, se establece el Habeas Corpus, es decir la presunción de inocencia, que nadie pueda ser condenado sin ser juzgado, que nadie pueda ser detenido sin mandamiento judicial, que nadie pueda ser torturado. Esto lo sabe el Presidente del Tribunal Supremo español. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se le ha calentado la boca, como se le calentaron las neuronas al policía británico que descerrajó siete balazos en la cabeza de un inocente inmigrante brasileño. Siete balazos en la cabeza de un hombre, previamente derribado en tierra por otro disparo, es ensañamiento propio de un sádico que tiene que ser apartado del servicio policial porque es indigno de portar armas. Por supuesto, después de ser juzgado y de responder civil o criminalmente por su actuación desmedida él y sus mandos.
No estamos en estado de guerra mundial, si así fuese, regirían las Convenciones de Ginebra y de Varsovia, los Tratados Internacionales establecidos y la actuación de la Cruz y de la Media Luna rojas. Estamos en un estado de shock emocional alentado por las palabras insensatas de los gobernantes y de los políticos. Causa espanto escuchar en los medios de comunicación a dirigentes de la Casa Blanca y al propio Blair, o a Putin y a Aznar. No es lícito tirar a matar y después preguntar. Todos somos inocentes mientras no se demuestre fehacientemente lo contrario. No le es lícito al Estado utilizar los medios terroristas, armas de destrucción masiva o desproporcionadas. No vale todo con el pretexto de salvar a inocentes. No rige la Ley de la selva, la ley del más fuerte y más despiadado. No podemos imitar al Juez de la horca, Roy Bean, que la movía a su antojo al oeste del río Pecos.
El abuso de expresiones como guerra contra la droga, contra el hambre o contra el terrorismo puede inducir a un equívoco fatal pues los espacios se definen por sus contenidos y las cosas por sus nombres. No puede darse una guerra nada más que entre ejércitos sometidos todos a las normas establecidas. El que las quebrante será tratado como criminal de guerra ante los tribunales adecuados, entre ellos, el Tribunal Penal Internacional que no reconocen ni EEUU, ni Rusia ni India ni China ni Israel, entre otros países en los que se está sacralizando el uso de la fuerza cuando es en defensa de "sus intereses". Es el planteamiento maquiavélico que ha sostenido a todo los poderes violentos, injustos y extremos: "no le faltarán al Príncipe razones para justificar sus crímenes... pues la fuerza es justa cuando es necesaria" Lo grave es que la necesidad viene decidida por los intereses y la arbitrariedad del que manda.
La reacción de la opinión pública contra las palabras de Presidente del Tribunal Supremo de España ha sido clamorosa. No hay que olvidar que el ex presidente Aznar sostiene que todos los terrorismos son iguales y que la única vía es exterminarlos sin capacidad de diálogo alguno. Por el medio que sea. Esto es totalitarismo propio de regímenes injustos y antidemocráticos en los que al opositor, al disidente, se le consideraba representante del Mal contra el Bien que creen representar¡ los que detentan el poder. Los enemigos lo eran por razones ideológicas de raza, estamento social, religión o cualquier otro fundamentalismo.
Pero eso ocurría en la Alemania nazi, en la URRS y en la China de Mao, en el Estado de Israel o en Camboya, en la Sudáfrica del apartheid o, desgraciadamente, en las colonias explotadas por Portugal, Bélgica, Francia o Gran Bretaña. Lo que no nos podíamos imaginar es que en las antiguas naciones en donde se acuñó y desarrolló el sistema político garante de los Derechos Humanos Fundamentales se propagase este especie contaminadora del tiro en la nuca sólo por razones de rasgos físicos o por la falacia de que el orden y la seguridad se pueden anteponer a la Justicia y al Derecho. Existen otros medios y otras estrategias más amplias y que comienzan por preguntarnos por las motivaciones de esta creciente plaga terrorista, algunas de las cuales podemos remover y reparar las injusticias cometidas, entre otras las ocupaciones y explotación de sus tierras, costumbres y riquezas. Después, que caiga el peso de la ley sobre los culpables con todas sus consecuencias pero sin conculcar los principios que inspiran a un auténtico Estado de Derecho.
José Carlos Gª Fajardo
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