El blanqueo de dinero en España
El valor del patrimonio decomisado en las operaciones policiales contra el blanqueo de capitales realizadas en los últimos 12 meses supera los 4.000 millones de euros, una cifra que es 100 veces superior a la registrada en el año 2000. Estas actuaciones han puesto de manifiesto ante la opinión pública la enorme fortuna que acompaña a los delincuentes de guante blanco y la corrupción que generan las redes de ocultación de dinero. Sin embargo, detrás de estas operaciones está el pulso que mantienen Interior y Hacienda por hacerse con la competencia de la policía fiscal. España es el país de Europa con más factores de riesgo en la lucha contra el lavado de dinero.
El duelo entre ambos ministerios por el control de una policía fiscal se está resolviendo a favor de Interior, que ha unificado y reforzado sus unidades de investigación en materia de delitos económicos y ha protagonizado las operaciones más espectaculares. España es el país de Europa más atractivo para el capital sucio, según los expertos. Hay síntomas que desvelan la magnitud del problema. Uno de ellos, es la proliferación de billetes de 500 euros en nuestro suelo: ya casi uno de cada tres en circulación en toda la UE.
A la vista de estos síntomas, no es extraño que el Gobierno español se salve con apuros del suspenso en el examen al que está siendo sometido por el Grupo de Acción Financiera (Gafi), un organismo intergubernamental que promueve medidas contra el lavado de dinero. España "ha tenido dificultades para aprobar la mitad de las 49 recomendaciones del Gafi". "En 11 de ellas estaba suspendida y ha logrado evitar esa nota tras muchas reuniones". Todo apunta a que el Gafi señalará que en España hay un exceso de organismos y comisiones encargadas de la lucha contra el fraude y que están poco coordinados. El Gafi será especialmente crítico con el Banco de España, a quien animará para multiplicar el número de comunicaciones sospechosas y mejorar su relación con el Sepblac (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales). La opinión pública española ha asistido atónita en el último año a un carrusel de operaciones policiales que han llevado a la superficie a una nueva saga de profesionales de guante blanco y gustos caprichosos que ayudan a retratar una faceta hasta ahora poco conocida: el blanqueo de dinero.
Juan Antonio Roca, un ingeniero de minas convertido por azares del destino en gerente de urbanismo de Marbella, tenía un valioso Miró en el cuarto de baño, un tigre en el jardín y una cuadra de pura sangre en su finca favorita. Roca coleccionaba carruajes antiguos, se hizo edificar una capilla decorada con tallas de la Edad Media y, entre sus cientos de posesiones inmobiliarias valoradas en más de 2.000 millones de euros, poseía tres palacetes en las calles más caras de Madrid.
El abogado Fernando del Valle tenía otros gustos no menos valiosos: disfrutaba viajando en sus propios aviones, coleccionaba coches antiguos y contrataba exclusivamente personal femenino en sus empresas. Naturalmente, las sociedades que gestionaba tenían en su haber más de 200 inmuebles en la costa. El valor de los bienes incautados superaba los 600 millones.
Francisco Guijarro, un discreto empresario que se dedicaba a la compra y venta de sellos, tenía una discoteca en su chalet de La Moraleja, en Madrid, junto a algunas obras de arte. En este caso, su gusto por el coleccionismo era más prosaico: guardaba una bolsa con 12 millones de euros en billetes de 500 en un falso tabique.
¿Qué hay detrás de estas espectaculares operaciones sobrevenidas en tan breve tiempo? La Comisaría General de Policía Judicial ha agrupado bajo una misma unidad a todas las brigadas de investigación en delitos fiscales, económicos, monetarios y tecnológicos, con más de 170 policías especializados. En algunos casos, como la sección de blanqueo de capitales, ha triplicado los efectivos, de 10 a 30.
Los resultados han sido espectaculares y, en el intervalo entre la Semana Santa de 2005 (operación Ballena Blanca) y la de 2006 (Malaya), la policía ha incautado bienes y dinero por un valor que ronda los 4.800 millones de euros, una cifra que multiplica por 100 lo obtenido en el año 2000, según datos de Interior.
Hasta que la policía no llamó al timbre de su puerta, determinados personajes pudieron disfrutar de sus fortunas sin que las autoridades fiscales hubieran actuado eficazmente contra sus patrimonios, ocultos bajo una maraña de sociedades. En algunos de estos casos, Hacienda había detectado irregularidades pero no había pasado a la acción, un hecho que despierta críticas entre los mandos policiales: "¿Por qué, cuando Hacienda entiende que hay indicios de delito, no acude inmediatamente a la policía?", se pregunta un mando policial.
La investigación del blanqueo de dinero es una actividad relativamente joven en España, caracterizada por la dispersión de unidades y la ausencia de una coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad y la Agencia Tributaria, o lo que es lo mismo, entre Interior y Hacienda, salvo en todo lo que afecta a los casos de narcotráfico.
La incapacidad de Hacienda para combatir adecuadamente el blanqueo de dinero ha sido denunciada por sus propios funcionarios. "Aquí pasa algo que en el resto de países no sucede", dice José María Peláez, presidente de la asociación de inspectores de Hacienda. "Tenemos la administración más avanzada del mundo para vigilar al pequeño contribuyente", termina Peláez. "Sin embargo, en control del fraude estamos en la Edad Media". (dos en Sevilla y una en Málaga) que la forman cinco subinspectores y tres inspectores, de tal forma que la Agencia Tributaria sólo dedica dos subinspectores a la investigación judicial de los casos Ballena Blanca y Malaya. "¿Cuánto tiempo les va a llevar a estos dos subinspectores analizar la documentación incautada para esclarecer estas tramas?", se pregunta Mollinedo. Este dato contrasta con los cerca de 100 funcionarios policiales dedicados a la investigación de ambos casos.
Hacienda no permite que los técnicos inspeccionen empresas que facturen más de 1,8 millones de euros y sólo destina a esa labor a los inspectores (un colectivo de 1.500 miembros de los que la mitad ocupan cargos de confianza). Es decir que, según la relación de puestos de trabajo, hay ocho inspectores en Málaga para analizar 2.048 sociedades que facturan entre 1,8 y seis millones de euros. La asociación Gestha ha solicitado al ministerio a que habilite a los más de 2.000 subinspectores actuales para colaborar en estas labores de inspección. A estas reivindicaciones se unen los funcionarios de Vigilancia Aduanera, que han solicitado intervenir activamente en los trabajos de inspección.
La policía considera que este esfuerzo es insuficiente y reclama más competencias para Interior: tener acceso directo a las bases de datos de la Agencia Tributaria. La disputa por la hegemonía en la policía fiscal sigue su curso.
Según las últimas estadísticas oficiales, en la Unión Europea circulan actualmente un total de 341 millones de billetes de 500 euros, de los cuales ya casi la tercera parte (28,45%) se manejan en nuestro país.
La policía tiene conocimiento de que existe un mercado negro por el cual se paga con un 3% de comisión el cambio de billetes pequeños a billetes de 500. "Ese dinero no siempre se queda en España", dice una fuente policial, "pero a veces vuelve vestido de apariencia legal".
El duelo entre ambos ministerios por el control de una policía fiscal se está resolviendo a favor de Interior, que ha unificado y reforzado sus unidades de investigación en materia de delitos económicos y ha protagonizado las operaciones más espectaculares. España es el país de Europa más atractivo para el capital sucio, según los expertos. Hay síntomas que desvelan la magnitud del problema. Uno de ellos, es la proliferación de billetes de 500 euros en nuestro suelo: ya casi uno de cada tres en circulación en toda la UE.
A la vista de estos síntomas, no es extraño que el Gobierno español se salve con apuros del suspenso en el examen al que está siendo sometido por el Grupo de Acción Financiera (Gafi), un organismo intergubernamental que promueve medidas contra el lavado de dinero. España "ha tenido dificultades para aprobar la mitad de las 49 recomendaciones del Gafi". "En 11 de ellas estaba suspendida y ha logrado evitar esa nota tras muchas reuniones". Todo apunta a que el Gafi señalará que en España hay un exceso de organismos y comisiones encargadas de la lucha contra el fraude y que están poco coordinados. El Gafi será especialmente crítico con el Banco de España, a quien animará para multiplicar el número de comunicaciones sospechosas y mejorar su relación con el Sepblac (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales). La opinión pública española ha asistido atónita en el último año a un carrusel de operaciones policiales que han llevado a la superficie a una nueva saga de profesionales de guante blanco y gustos caprichosos que ayudan a retratar una faceta hasta ahora poco conocida: el blanqueo de dinero.
Juan Antonio Roca, un ingeniero de minas convertido por azares del destino en gerente de urbanismo de Marbella, tenía un valioso Miró en el cuarto de baño, un tigre en el jardín y una cuadra de pura sangre en su finca favorita. Roca coleccionaba carruajes antiguos, se hizo edificar una capilla decorada con tallas de la Edad Media y, entre sus cientos de posesiones inmobiliarias valoradas en más de 2.000 millones de euros, poseía tres palacetes en las calles más caras de Madrid.
El abogado Fernando del Valle tenía otros gustos no menos valiosos: disfrutaba viajando en sus propios aviones, coleccionaba coches antiguos y contrataba exclusivamente personal femenino en sus empresas. Naturalmente, las sociedades que gestionaba tenían en su haber más de 200 inmuebles en la costa. El valor de los bienes incautados superaba los 600 millones.
Francisco Guijarro, un discreto empresario que se dedicaba a la compra y venta de sellos, tenía una discoteca en su chalet de La Moraleja, en Madrid, junto a algunas obras de arte. En este caso, su gusto por el coleccionismo era más prosaico: guardaba una bolsa con 12 millones de euros en billetes de 500 en un falso tabique.
¿Qué hay detrás de estas espectaculares operaciones sobrevenidas en tan breve tiempo? La Comisaría General de Policía Judicial ha agrupado bajo una misma unidad a todas las brigadas de investigación en delitos fiscales, económicos, monetarios y tecnológicos, con más de 170 policías especializados. En algunos casos, como la sección de blanqueo de capitales, ha triplicado los efectivos, de 10 a 30.
Los resultados han sido espectaculares y, en el intervalo entre la Semana Santa de 2005 (operación Ballena Blanca) y la de 2006 (Malaya), la policía ha incautado bienes y dinero por un valor que ronda los 4.800 millones de euros, una cifra que multiplica por 100 lo obtenido en el año 2000, según datos de Interior.
Hasta que la policía no llamó al timbre de su puerta, determinados personajes pudieron disfrutar de sus fortunas sin que las autoridades fiscales hubieran actuado eficazmente contra sus patrimonios, ocultos bajo una maraña de sociedades. En algunos de estos casos, Hacienda había detectado irregularidades pero no había pasado a la acción, un hecho que despierta críticas entre los mandos policiales: "¿Por qué, cuando Hacienda entiende que hay indicios de delito, no acude inmediatamente a la policía?", se pregunta un mando policial.
La investigación del blanqueo de dinero es una actividad relativamente joven en España, caracterizada por la dispersión de unidades y la ausencia de una coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad y la Agencia Tributaria, o lo que es lo mismo, entre Interior y Hacienda, salvo en todo lo que afecta a los casos de narcotráfico.
La incapacidad de Hacienda para combatir adecuadamente el blanqueo de dinero ha sido denunciada por sus propios funcionarios. "Aquí pasa algo que en el resto de países no sucede", dice José María Peláez, presidente de la asociación de inspectores de Hacienda. "Tenemos la administración más avanzada del mundo para vigilar al pequeño contribuyente", termina Peláez. "Sin embargo, en control del fraude estamos en la Edad Media". (dos en Sevilla y una en Málaga) que la forman cinco subinspectores y tres inspectores, de tal forma que la Agencia Tributaria sólo dedica dos subinspectores a la investigación judicial de los casos Ballena Blanca y Malaya. "¿Cuánto tiempo les va a llevar a estos dos subinspectores analizar la documentación incautada para esclarecer estas tramas?", se pregunta Mollinedo. Este dato contrasta con los cerca de 100 funcionarios policiales dedicados a la investigación de ambos casos.
Hacienda no permite que los técnicos inspeccionen empresas que facturen más de 1,8 millones de euros y sólo destina a esa labor a los inspectores (un colectivo de 1.500 miembros de los que la mitad ocupan cargos de confianza). Es decir que, según la relación de puestos de trabajo, hay ocho inspectores en Málaga para analizar 2.048 sociedades que facturan entre 1,8 y seis millones de euros. La asociación Gestha ha solicitado al ministerio a que habilite a los más de 2.000 subinspectores actuales para colaborar en estas labores de inspección. A estas reivindicaciones se unen los funcionarios de Vigilancia Aduanera, que han solicitado intervenir activamente en los trabajos de inspección.
La policía considera que este esfuerzo es insuficiente y reclama más competencias para Interior: tener acceso directo a las bases de datos de la Agencia Tributaria. La disputa por la hegemonía en la policía fiscal sigue su curso.
Según las últimas estadísticas oficiales, en la Unión Europea circulan actualmente un total de 341 millones de billetes de 500 euros, de los cuales ya casi la tercera parte (28,45%) se manejan en nuestro país.
La policía tiene conocimiento de que existe un mercado negro por el cual se paga con un 3% de comisión el cambio de billetes pequeños a billetes de 500. "Ese dinero no siempre se queda en España", dice una fuente policial, "pero a veces vuelve vestido de apariencia legal".
3 comentarios
Joaquín -
Que asco de periodistas, a ver si yo mañana publico que Jesús Gil era periodista.
Carlos -Ultramar -
Media Veronika -