Los Magistrados no duermen... cuando la ocasión lo requiere
Hubo un tiempo en el que los jueces y magistrados eran intocables, casi tabú. Pero con la llegada de la democracia y la abolición del delito de desacato se pusieron de manifiesto prevaricaciones de jueces y de magistrados que pudieron saltar a los medios de comunicación sin que se hundiese el mundo. Igual que ha sucedido con los militares que se volvieron más ciudadanos desde la mascarada de Tejero y con los clérigos desde el día en el que los obispos se lanzaron a la calle en manifestación, no para luchar por la justicia y contra le hambre, sino para embadurnarse una vez más en temas sexuales que tanto les obsesionan. Y mira que les han dado palos a causa de las pedofilias y toda suerte de abusos sexuales con seres inocentes ratificados por múltiples sentencias firmes en EEUU que les han obligado a pagar centenares de millones de dólares... a cosata de las arcas diocesanas y perjuicio del servicio a los más pobres. Claro, había que evitar que los clérigos culpables fueran a la cárcel pagando lo que fuera. Sólo se libra el todopoderoso poder económico y financiero... Es increíble. Recojo aquí un editorial sensato, ponderado y esclarecedor sobre esos magistrados de la audiencia nacional que deben sus puestos a las mayorías parlamentarias y a la absurdad necessidad de agradar a quienes les deben sus puestos. Estas señorías que pueden dejar dormir los expedientes la otra noche no vacilaron en reunirse para intervenir en un tema auténticamente político, sobre la ejecución de una Ley aprobada por el Parlamento y en una decisión cautelarísima que podría substanciarse una vez que los libros hubieran llegado a su destino. Si hubiera algún documento fuera de sitios la admninistración tiene poder y autoridad bastante para resolver en consecuencia. OS sugiero que leáis este delicioso editorial, modelo en su género. Nesemu Desafío judicial. El pasado viernes la Audiencia Nacional demostró que cuando se trata de paralizar al Gobierno puede incluso trabajar de noche. Los más antiguos del lugar recuerdan vagamente sólo un antecedente en un caso en que estaban en juego derechos fundamentales. La sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo se reunió de urgencia para adoptar, a petición del Ayuntamiento de Salamanca, unas medidas "cautelarísimas" para paralizar en la sede del Ministerio de Cultura los papeles del Archivo de la Guerra Civil que iban a ser entregados a la Generalitat de Cataluña en cumplimiento de una ley aprobada por las Cortes Generales. La Sala de la Audiencia celebrará hoy una vistilla con abogados del Estado y del consistorio salmantino para decidir si mantiene o anula la paralización decretada el viernes.
No hay lugar a dudas de que los magistrados aceptaron con gusto el envite lanzado por el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, de politizar el caso hasta contaminar a la propia justicia y producir un golpe de efecto en mitad del traslado y en plena negociación del Estatuto catalán. La ejecución del traslado no tiene nada de precipitado ni de clandestino. Sólo la obstaculización sistemática del señor Lanzarote obligó a realizarla de madrugada y sin contar con camiones para la carga. Es una medida no tan sólo legítima por parte del Ministerio de Cultura sino obligada, después de que la devolución de los documentos incautados tras la Guerra Civil fuera aprobada como ley por el Congreso de los Diputados. El motivo aducido, que en las cajas hay documentos que no corresponde trasladar, es un mero pretexto para obstruir el cumplimiento de la ley.
Las medidas tomadas el viernes por la Audiencia Nacional constituyen un desafío al Ejecutivo. La Sala deberá explicar en primera instancia cuál es el título que habilita al Ayuntamiento de Salamanca para recurrir, pidiendo la adopción de "medidas cautelarísimas", un acto del Ministerio de Cultura sobre un archivo que es de su propiedad y sobre cuyos fondos carece el Ayuntamiento de cualquier titularidad. Constituye, por lo demás, un acto de desconfianza supina entre las administraciones, dado que el traslado ni siquiera implica a particulares, sino a instituciones del Estado.
No hay irreversibilidad alguna que obligue a una intervención intempestiva de un tribunal; al contrario, al tratarse de instituciones del Estado, todo lo que se hace está sometido a estricto control de legalidad y a su ejecución pertinente. Existe ya un recurso, planteado por la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Constitucional, sobre cuya decisión y cumplimiento parece tener muy escasa confianza tanto el Ayuntamiento de Salamanca como la sección de la Audiencia Nacional que ha aceptado el recurso. De ahí que lo único pertinente sea el levantamiento inmediato de las medidas cautelares, a la espera, por supuesto, de lo que decida en su día de forma definitiva el Tribunal Constitucional.
No hay lugar a dudas de que los magistrados aceptaron con gusto el envite lanzado por el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, de politizar el caso hasta contaminar a la propia justicia y producir un golpe de efecto en mitad del traslado y en plena negociación del Estatuto catalán. La ejecución del traslado no tiene nada de precipitado ni de clandestino. Sólo la obstaculización sistemática del señor Lanzarote obligó a realizarla de madrugada y sin contar con camiones para la carga. Es una medida no tan sólo legítima por parte del Ministerio de Cultura sino obligada, después de que la devolución de los documentos incautados tras la Guerra Civil fuera aprobada como ley por el Congreso de los Diputados. El motivo aducido, que en las cajas hay documentos que no corresponde trasladar, es un mero pretexto para obstruir el cumplimiento de la ley.
Las medidas tomadas el viernes por la Audiencia Nacional constituyen un desafío al Ejecutivo. La Sala deberá explicar en primera instancia cuál es el título que habilita al Ayuntamiento de Salamanca para recurrir, pidiendo la adopción de "medidas cautelarísimas", un acto del Ministerio de Cultura sobre un archivo que es de su propiedad y sobre cuyos fondos carece el Ayuntamiento de cualquier titularidad. Constituye, por lo demás, un acto de desconfianza supina entre las administraciones, dado que el traslado ni siquiera implica a particulares, sino a instituciones del Estado.
No hay irreversibilidad alguna que obligue a una intervención intempestiva de un tribunal; al contrario, al tratarse de instituciones del Estado, todo lo que se hace está sometido a estricto control de legalidad y a su ejecución pertinente. Existe ya un recurso, planteado por la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Constitucional, sobre cuya decisión y cumplimiento parece tener muy escasa confianza tanto el Ayuntamiento de Salamanca como la sección de la Audiencia Nacional que ha aceptado el recurso. De ahí que lo único pertinente sea el levantamiento inmediato de las medidas cautelares, a la espera, por supuesto, de lo que decida en su día de forma definitiva el Tribunal Constitucional.
18 comentarios
Noelia (Roja) -
Es muy diferente catalogar el origen del archivo como «derecho de conquista», que definirlo como el fruto de la represión contra un pueblo que luchó, desde Barcelona hasta Madrid, contra el fascismo.
felicitas -
La convivencia y el apoyo mutuo deberían ser los propulsores de nuestro crecimiento, dejemos de perder el tiempo en rivalidades del pasado, y maduremos de una vez por todas.
El mantenimiento de estas fronteras ficticias no ha hecho más que acrecentar la popularidad de los partidos políticos, indudablemente beneficiados de este tipo de polémicas.
Es curioso, pero no he dejado de escuchar tanto en la calle como en los medios de comunicación que los archivos deberían quedarse en España, o por otra parte, que deberían estar en Cataluña, y por lo tanto ser trasladados fuera de ésta. Será cuestión términos, pero debemos erradicar estas estructuras ya obsoletas de nuestra cabeza.
CRIS -
Sin embargo, nuestra sociedad no es ideal y la ideología política, el tufillo del poder invade todas las esferas de que se compone.
Tal vez, debe´riamos hacer una autocrítica más exhaustiva y comenzar por evaluar el tipo de información que la gran parte de los permeables periodostas servimos a la hora del café, con los primeros rayos de sol.
Fran -
Bealma -
Bealma -
Jarkoe -
Toribio M.A. -
Aunque, igual es más importante esto, que la destrucción progresiva de nuestro planeta...entre otros muchos problemas...
Sonia Sanz -
SEVILLANO -
Sinclair -
Y es que esto funciona así, si bien la tarea de los políticos es defender los intereses de los ciudadanos, hasta que punto esos intereses son tan importantes como para que un asunto tan nímeo provoque tanta crispación entre el pueblo. Los dirigentes de este país deberían tener más cuidado al tratar estos temas, porque la sensibilidad de la gente se manipula con tanta facilidad desde los medios de comunicación que la violencia verbal del parlamento se puede transoformar en violencia física en las calles.
Tenemos un pasado del que aprender.
paloma -
Ruth Pilar -
En los Archivos hay cartas, ¿se les dará a los familiares de los autores si las piden?
Lo de la nocturnidad, para "no molestar", estuvo feo.
Pepo -
DavidCG -
Pero en este caso es el Gobierno el responsable de la situación (ojo, que no tienen la culpa de los ladridos y rebuznos de los populares "populistas"). Si en vez de hacer este traslado deprisa y corriendo lo hubieran hecho despacio, revisando meticulosamente los papeles a mover y asegurándose de cubrirse bien las espaldas ante todo tipo de situaciones (algo que es de sentido común, creo) nos hubiéramos ahorrado al menos un dolor de cabeza más (y nos hubiéramos ahorrado también el ver a Unamuno en manos de quien estaba estos días).
Y no es el único ejemplo de precipitación del PSOE; esperemos que el par de años que quedan se tomen las cosas con más calma.
Almudena -
Y es que la ley de la oferta y la demanda, vale para absolutamente todo
Media Veronika -
Escila -